La sensibilidad de la sociedad por la contaminación y sus efectos perniciosos será la que exija a los medios de producción y a la administración pública que acaben con ella, aparejando el crecimiento económico al desarrollo sostenible a través del avance de la bioeconomía, de manera rentable y desplegando nuevos nichos de mercado y nueva tecnología ecológica a través de la inversión, acompañada de unos incentivos económicos y fiscales atractivos.

En junio de 2016 se hizo público, en una reunión en la que participaron el Rector de la ULPGC en aquel entonces, José Regidor, el Consejero de Industria, Pedro Ortega y quien firma este relato, el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el nacimiento de la Plataforma en Biotecnología de Algas (PEBA). Se trataba de crear un instrumento para promocionar la economía azul como un elemento clave para la diversificación de la economía de esta isla, aunando esfuerzos entre el Instituto Tecnológico de Canarias, el Banco Español de Algas y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria para avanzar en la investigación y la producción de algas para alimentación, cosmética, bioestimulantes agrícolas, biocombustibles o bioplásticos, aprovechando nuestra situación geográfica y las ventajas fiscales de las que disponemos. La pretensión fundamental era la de captar una parte de los recursos que mueve la economía azul en el mundo.

En Canarias debemos maximizar el apoyo institucional, el conocimiento de universidades y formación profesional o los espacios tecnológicos gestionando los estímulos económicos y fiscales que disfrutamos, y anticipándonos a las tendencias sector a sector. Existen dos máximas que debemos tener presente en todas las instituciones residentes en Canarias, tanto públicas como privadas: aquella que no gestiona eficazmente su fiscalidad deja de ser competitiva y los impuestos excesivamente elevados disuaden al inversor.